Por Ernesto Núñez Chacón
«El pasado lunes 25 de enero, la regidora Daniela Solís y otra vecina de San Miguel intentaron asistir a su concejo distrital pero no lo lograron. En un video de 23 minutos, Solís denunció que el concejo no permitió que hubiera público, y optaron por suspender la sesión cuando la regidora insistió que la ciudadanía tenía derecho a acceder al órgano.
De acuerdo con el Código Municipal, las sesiones de los concejos municipales deben ser abiertas al público, y según la Ley 8173 todas las normas que rigen a los concejos municipales rigen a los concejos distritales. Ante consultas municipales sobre cómo proceder durante la pandemia de COVID-19 y la restricciones sanitarias, la Procuraduría General de la República ha aclarado que un concejo municipal puede tomar medidas como sesionar virtualmente para reducir el riesgo de contagio, pero no podrá violar el resto de formalidades que pide la normativa como la publicidad de las sesiones y la participación del público.
A pesar de dicha normativa, Pablo Álvarez, asesor legal de la Muni de Santo Domingo, aseguró en la sesión municipal de la semana pasada que “no tenemos que confundir el término participación ciudadana con asistencia… La participación del público tiene que regularse y desde marzo del 2020 tenemos una emergencia nacional por COVID-19 y los decretos emitidos han venido a regular garantías constitucionales…”. No obstante, la Procuraduría dictaminó desde abril (C-131-2020) que “si bien el Concejo Municipal estaría habilitado… para realizar sus sesiones virtuales; debe garantizar… que sean públicas, de tal forma que no solamente se permita la concurrencia virtual del público, sino que se pueda asegurar su participación efectiva en las sesiones…”
Ante la negativa del concejo distrital a recibirle como público, la regidora Solís llamó a la Fuerza Pública para levantar un acta de lo sucedido. Nautilio Vargas, síndico y presidente del concejo de San Miguel, aparece en el video de Solís asegurando a un oficial que si las personas quieren participar deben pedir audiencia antes.
Durante la sesión del Concejo Municipal, Vargas agregó que la regidora Solís y la vecina “entraron de forma arbitraria… simplemente dijeron que era una sesión pública y que podían participar… estamos en un proceso de pandemia y no podemos arriesgar que nos vayan a contagiar cuando se nos llena el salón con personas de la comunidad». Según el síndico, el salón que usan es de la Asociación de Desarrollo de San Miguel, y por orden de DINADECO solo pueden sesionar las directivas.
“Yo no soy ningún corrupto. Durante muchos años he trabajado en beneficio de la comunidad… si quieren ensuciar mi nombre conmigo no van a contar. Sé que lo que quieren es que yo me retire del concejo de distrito”, sentenció.
La regidora Solís enfatizó que no hubo ninguna arbitrariedad de su parte al ingresar al concejo de distrito, e insistió en que desde el principio dijo que respetaban la decisión de levantar la sesión, pero que se llamó a la Fuerza Pública para levantar el acta por una cuestión de protocolo. “Yo respeto que usted quedó electo (don Nautilio)… y por eso espero como vecina de San Miguel que actúen con la transparencia que ese puesto merece”, recalcó.
Los Guachis enviamos a consulta de Francisco Salas Ruíz, Procurador del Sistema Costarricense de Información Jurídica, si la Procuraduría había emitido criterios anteriormente sobre la publicidad de los concejos de distrito, pero al cierre de edición no hemos obtenido respuesta. Para obtener criterio de la Procuraduría para el caso específico alguien debe presentar la denuncia formal.
También solicitamos al síndico Nautilio Vargas una copia del acta de la sesión a la que la regidora Solís asegura no haber podido asistir como público por negativa de los miembros del órgano, pero a la fecha no ha sido enviada a Los Guachis.
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