Por Alex Flores Hidalgo
El pasado 12 de marzo la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por la síndica Patricia Rodríguez contra el Concejo de Distrito de San Miguel y su presidente Nautilio Vargas, síndico propietario.
El recurso de amparo de Rodríguez reclamaba la negativa de la presidencia del Concejo de Distrito a aportar sus actas del periodo 2020-2024, además de 3 cotizaciones mencionadas en la sesión de mayo de 2020 sobre trabajos de infraestructura de la acera frente a la Iglesia de San Miguel.
El ágil acceso a esta información de carácter público se encuentra garantizado para la ciudadanía en el artículo 27 de la Constitución Política.
Rodríguez explicó que solicitó la información por primera vez el 9 de junio de 2020 mediante una nota escrita dirigida al síndico Vargas. Ante su silencio, Rodríguez volvió a insistir el 8 de octubre de ese mismo año de forma verbal y escrita mediante un correo electrónico. Ella asegura que reiteró la solicitud el 26 de octubre y el 23 de diciembre.
El 25 de enero de este año la síndica recibe documentación solicitada del Concejo de Distrito, pero “Me entregaron un puñito de actas (de mayo) hasta el número 10 del 26 de octubre del 2020 (…) Faltaba noviembre, faltaba diciembre más todo lo del 2016 al 2020 y la documentación soporte”. El 15 de febrero, Rodríguez procede a interponer el recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
La respuesta de la Sala Constitucional del 12 de marzo dio la razón a Rodríguez y ordenó la entrega de la documentación solicitada de manera completa al Concejo de Distrito de San Miguel y su presidente Nautilio Vargas, otorgándole un plazo máximo de 10 días a partir de la notificación de la resolución.
Transcurridos los 10 días hábiles, la síndica Rodríguez no recibió la información solicitada pues ésta, según asegura le alegó el síndico Vargas, se encontraba en el Archivo Central de Santo Domingo. Rodríguez indicó que el Archivo Central señaló el 6 de abril que la información ya se remitió a la secretaría del Concejo Municipal, pero Rodríguez todavía no la ha enviado recibido.
El 6 de abril, Rodríguez solicitó un espacio en la sesión del Concejo Municipal para comentar lo acontecido y la resolución de la Sala Constitucional pero le fue negado. “Con todo respeto esto no es competencia de este Concejo (…) ya el Concejo de Distrito a través de la Presidencia creo que ya respondió lo solicitado, por este motivo no doy la palabra en este caso en particular”, adujo el Presidente Municipal.
Se intentó contactar al al síndico Vargas, presidente del Concejo de Distrito de San Miguel, el miércoles durante la noche para conocer su opinión de los hechos, pero alegó encontrarse ocupado en una reunión de la Asociación de Desarrollo. Al intentar concertar una cita, Vargas adujo que tendría que consultar primero su agenda y que contactaría con Los Guachis para acordar la entrevista pero al cierre de esta edición nunca llamó.
En el caso concreto de las cotizaciones de la acera frente a la Iglesia Católica, la Sala Constitucional lo declaró sin lugar puesto que esa información le pertenece a la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel de manera que el Concejo de Distrito no era el órgano correspondiente.
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