Por Alex Flores Hidalgo
El pasado martes 20 de abril, el alcalde Roberto González anunció durante la sesión del Concejo Municipal el traslado de una moción para permitir a las personas con sanciones alternativas ayudar en la comunidad.
La sanciones alternativas se encuentran amparadas en la Ley N° 9582 de Justicia Restaurativa, que permite: “resolver los conflictos jurídicos generados por los hechos delictivos, con la participación activa de las partes intervinientes, a fin de restaurar los daños a la víctima, procurar la inserción social de la persona ofensora, con soluciones integrales y promover la paz social”. Contrario a la justicia tradicional, las sanciones alternativas apuestan a medidas distintas a prisión o multas en busca de un cambio real en quien cometió el delito.
Pese a que por Ley la prisión debe ser rehabilitadora de la persona privada de libertad, antes de 2017 el gobierno no había oficializado ningún seguimiento a la reinserción de estas personas en sociedad. Según el alcalde González, las personas dentro del programa de sanciones alternativas prestarían servicios a la comunidad de recolección de basura, limpieza de vías, reciclaje, entre otros.
El alcalde aclaró que, por recomendación de la asesoría legal de la municipalidad, se debe definir primero “las categorías de delitos que están dispuestos a aceptar para luego someter a consideración del Concejo si participar o no”. El Ministerio de Justicia y Paz puso a disposición de la Muni una lista de delitos de la que debe determinar qué tipo de infractores está dispuesta a aceptar que cumplan sus sanciones alternativas en Santo Domingo.
Según los datos del Índice de Competitividad Cantonal de la Universidad de Costa Rica (2018), Santo Domingo experimentó durante 2018 una tasa de 153 robos y asaltos por cada 10 mil habitantes, mientras que en 2016 sufrió 69 de este tipo de incidentes por cada 10 mil personas.
El regidor y presidente del Concejo Municipal, Isaac Ramírez reconoció los alcances del programa de sanciones alternativas en otros países, pero insistió en un análisis previo de las necesidades del cantón. Inclusive, planteó que se debería considerar un plebiscito, es decir un referendo donde los domingueños voten a favor o en contra de recibir personas que cumplan sanciones alternativas en el cantón.
El regidor Gilbert Rodríguez comentó su interés en el proyecto porque favorece una mejor reinserción social de las personas que hayan cometido algún delito evitando recurrir a las medidas carcelarias. Agregó que la Muni debe valorar si posee los recursos necesarios para incorporarse al programa “Me parece que necesitaríamos ayuda profesional (…) es un tema difícil de tratar sin tener uno el conocimiento pleno y cuáles son las herramientas con las que se debería contar”.
El Concejo Municipal trasladó el tema a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Muni para su análisis.
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